El pasado 24 de abril se aprobó por parte del Parlamento Europeo la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en ingles).
¿Cuál es su objetivo?
Fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable entre las empresas, sirviendo de herramienta para que las organizaciones detecten y eliminen las acciones de su proceso productivo que atenten contra las personas o dañen el medioambiente.
¿Cómo afectará a las empresas?
La Directiva establece una obligación de diligencia debida de las empresas para determinar, prevenir, eliminar y mitigar los efectos negativos (reales o potenciales) en los derechos humanos y el medio ambiente que pueden causar las propias actividades de la empresa, de sus filiales y de sus cadenas de valor.
En la práctica, sus obligaciones concretas para las empresas que se vean afectadas serán:
- Incorporar la diligencia debida a sus estrategias.
- Determinar los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medio ambiente.
- Prevenir o mitigar posibles impactos.
- Poner fin o minimizar los impactos reales.
- Establecer y mantener un procedimiento de reclamación.
- Supervisar la eficacia de la política y las medidas de diligencia debida.
- Comunicar públicamente sobre diligencia debida.
- Además, los directivos de las empresas deberán establecer los procesos de diligencia debida y la supervisión de su cumplimiento. Asimismo, cuando los directivos actúen en interés de la empresa, deberán tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones en los derechos humanos, el clima y el medio ambiente y las consecuencias probables de cualquier decisión a largo plazo.
¿A qué empresas serán de aplicación estas obligaciones?
Serán aplicables a las empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y más de 450 millones de facturación anual y aplicará de forma gradual:
- En el año 2027: empresas con 5.000 personas trabajadoras y 1.500 millones de euros
- En el año 2028: empresas con 3.000 personas trabajadoras y 900 millones de euros.
- En el año 2029: empresas con 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros.
Las PYMES no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva. No obstante, se verán afectadas indirectamente por las nuevas normas como consecuencia de las acciones de las grandes empresas en sus cadenas de valor.
¿En qué punto se encuentra este texto legal?
El mes de abril se aprobó por parte del Parlamento Europeo esta Directiva, la cual entrará en vigor en los próximos meses y deberá transponerse al ordenamiento jurídico nacional en un plazo de dos años.
